Santo Domingo-El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó que los días 8 y 9 de este mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra República Dominicana sobre la supuesta detención y expulsión colectiva de seis familias del territorio dominicano por parte de agentes de migración.
Según informaron, los hechos del caso están basados en la alegada discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país.
El CEJIL, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, en Nueva York, actuarán como representantes de las supuestas víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.
Esas agrupaciones indicaron que las expulsiones del presente caso no son hechos aislados y que formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que, a su decir, se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria.
Sin previo aviso
Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado, precisaron.
Colette Lespinase, directora ejecutiva de GARR, señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.
Mientras, Cristina Luis Francisca, directora ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.
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